La propia mandataria reforzó esta postura mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que aseguró que continuará con sus actividades oficiales de manera normal, en un intento por frenar la especulación política que ha crecido en las últimas horas en torno a su permanencia en el cargo.

El posicionamiento ocurre en un contexto internacional que ha elevado la presión sobre México, luego de que Donald Trump presentara la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, un plan que endurece el enfoque del gobierno estadounidense contra los cárteles y el tráfico de fentanilo, al considerar a estas organizaciones como amenazas terroristas y al propio fentanilo ilícito como una posible arma de destrucción masiva.

De acuerdo con el documento, Estados Unidos busca atacar tanto la oferta como la demanda de drogas, pero pone especial énfasis en desmantelar las estructuras de las organizaciones criminales transnacionales que producen, transportan y distribuyen sustancias como fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia territorio estadounidense.

En este escenario, México es señalado como un país clave dentro de la estrategia, al ser considerado punto central en la producción de drogas sintéticas. El plan establece la necesidad de incrementar decomisos de precursores químicos, desarticular narcolaboratorios y reducir la capacidad operativa de los cárteles, además de fortalecer acciones como detenciones, extradiciones y combate a redes financieras vinculadas al narcotráfico.

La estrategia también advierte que podrían aplicarse sanciones económicas, restricciones financieras e investigaciones contra gobiernos, empresas o actores que no colaboren en el combate a estas redes, lo que eleva la presión política y diplomática sobre distintos niveles de gobierno en México.

En paralelo, el contexto local se ha visto marcado por versiones sobre cancelaciones de visas hacia figuras públicas en Baja California, un tema que, aunque sin información oficial detallada, ha generado interpretaciones sobre posibles sanciones indirectas que impactan la percepción pública y la credibilidad institucional.

El panorama se vuelve aún más complejo al considerar antecedentes recientes en otras entidades del país, donde funcionarios han sido señalados en procesos judiciales en cortes estadounidenses por presuntos vínculos con organizaciones criminales, lo que ha incrementado el escrutinio internacional sobre la política mexicana.

En este entorno, los rumores sobre una posible licencia de la gobernadora se insertan en un escenario de alta tensión política, donde factores externos comienzan a influir en la narrativa pública local, especialmente de cara al proceso electoral de 2027.

Por ahora, la postura oficial es clara: no habrá solicitud de licencia y la gobernadora continuará con su agenda. Sin embargo, el contexto internacional, la presión diplomática y los señalamientos que rodean a distintos actores políticos mantienen abierto el debate sobre la estabilidad, la credibilidad y el rumbo del gobierno en Baja California.