El citatorio, emitido por la Célula E-1-3 de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO), indica que la diligencia se llevará a cabo en Avenida Paseo de la Reforma 75, colonia Guerrero, en la Ciudad de México.

Según el documento oficial, Ayala Robles deberá acudir con identificación vigente y acompañado de un abogado titulado; de no contar con uno, la Fiscalía le asignará un defensor público.

La agente del Ministerio Público Federal Rebeca Rojo Hernández, firmante del oficio, advirtió que la falta de asistencia sin causa justificada podría derivar en una medida de apremio equivalente a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), conforme al artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El documento, fechado el 30 de octubre de 2025, forma parte de la fase inicial del proceso de investigación. La declaración del senador es considerada un paso clave para integrar los elementos pendientes del caso.

Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre la naturaleza de las acusaciones. Sin embargo, esta citación ocurre después de que la FEMDO también convocara al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, dentro de procedimientos similares.

Posicionamiento de Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana, ante señalamientos públicos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), formalizó una colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para bloquear operaciones financieras provenientes de jurisdicciones de alto riesgo. Esta coordinación incluye el intercambio de información con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), con el objetivo de detectar flujos ilícitos vinculados a organizaciones criminales, terrorismo y lavado de dinero. En esta fase, se identificaron 29 personas físicas y 9 empresas con vínculos operativos al llamado “Cártel del Pacífico”, cuyas operaciones fueron bloqueadas en ambos países.

Como parte de estas acciones, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre delitos fiscales detectados. El análisis permitió documentar el uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes, así como esquemas de evasión fiscal que comprometen la integridad del sistema financiero. Las entidades involucradas serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y sujetas a procesos penales y administrativos.

Estas medidas consolidan el compromiso del Gobierno de México con la protección del sistema financiero y la lucha contra la delincuencia organizada. La cooperación bilateral fortalece la inteligencia financiera y contribuye a la seguridad internacional, en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El operativo conjunto reafirma que el combate al lavado de dinero exige coordinación transfronteriza, análisis técnico y voluntad política sostenida.