La medida se derivó de denuncias ciudadanas que motivaron una revisión técnica en el sitio, el cual funcionaba como centro de acopio y unidad de transferencia de residuos sólidos en el municipio de Ensenada. Durante la inspección, se confirmó que la empresa no contaba con los permisos estatales necesarios para continuar operando, lo que representa una violación a la normatividad ambiental vigente.

De acuerdo con la autoridad, la autorización ambiental de la empresa había sido revocada desde junio de 2025 mediante una resolución administrativa, por lo que legalmente no podía continuar con sus operaciones mientras no regularizara su situación. A pesar de ello, el establecimiento seguía en funcionamiento, lo que encendió alertas tanto en el ámbito ambiental como en el cumplimiento de la ley.

Las autoridades estatales señalaron que este tipo de acciones forman parte de un programa permanente de inspección y vigilancia, cuyo objetivo es garantizar que las empresas dedicadas al manejo de residuos operen bajo condiciones legales y seguras. Subrayaron que el manejo irregular de basura puede generar riesgos importantes como incendios, proliferación de plagas, así como contaminación del suelo y del aire, afectando directamente a las comunidades cercanas.

Sin embargo, la suspensión también ha generado efectos inmediatos en el sector comercial de Ensenada. Diversos negocios que tenían contratado el servicio de recolección con esta empresa se han quedado con acumulación de residuos, particularmente tras el fin de semana, lo que abre una nueva problemática: la falta de alternativas inmediatas para la disposición de basura.

La pregunta ahora recae en quién asumirá la responsabilidad de atender esta situación. Hasta el momento, no se ha informado de manera clara si el servicio será absorbido por el Ayuntamiento, si se habilitarán opciones emergentes o si los comercios deberán contratar nuevos proveedores de manera inmediata.

Este escenario evidencia no solo la importancia de la vigilancia ambiental, sino también la necesidad de planes de contingencia que eviten afectaciones a terceros cuando se aplican este tipo de sanciones. Mientras tanto, la Procuraduría reiteró que continuará con operativos en todo el estado para fortalecer la legalidad ambiental y garantizar un entorno sano para la población.