La decisión fue anunciada después de que en redes sociales y medios locales circularan señalamientos graves en su contra, realizados por su ex pareja, Delia Pérez Cornejo, quien denunció públicamente los hechos que desde años atrás ya habían sido presentados ante la autoridad correspondiente. Las acusaciones incluyen violencia física documentada con fotografías y una serie de incidentes que habrían puesto en riesgo la integridad de la víctima, situación que ahora se conoce de manera más abierta tras la exposición del caso en redes sociales.

Por si fuera poco, a las acusaciones de violencia familiar se suma un presunto plagio en la tesis universitaria que Castro Segovia presentó para obtener su título en Derecho. Según trascendió, el ex funcionario habría copiado fragmentos de otros trabajos sin citar adecuadamente las fuentes originales, situación que no pasó desapercibida y que pone en duda su formación académica y su ética profesional. Estos elementos contribuyeron a debilitar su posición en la administración pública y generaron un rechazo social evidente, pues resulta contradictorio que una persona con estos antecedentes estuviera al frente de un área destinada a proteger a los sectores más desprotegidos de la ciudad.

La alcaldesa Claudia Agatón Muñiz fue clara al señalar que aunque toda persona merece una segunda oportunidad, hay circunstancias personales que rebasan la esfera privada y que se convierten en un obstáculo para el ejercicio responsable del servicio público. Subrayó que estos temas no solo afectan la imagen del gobierno municipal, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por los derechos de los más vulnerables. Por ello, sostuvo que la renuncia fue aceptada para evitar mayores afectaciones a la operación de la dependencia, y que en breve será designada una persona con mayor solvencia moral y profesional para encabezar dicha oficina.

Adicionalmente, se dio a conocer que en el proceso de divorcio que enfrenta, Rogelio Castro habría argumentado una supuesta discapacidad para evadir el pago de la pensión compensatoria correspondiente, recurso legal que fue interpretado como un intento por eludir sus responsabilidades económicas derivadas de la separación. Esta situación terminó por cerrar cualquier posibilidad de que pudiera mantenerse en un cargo público de alto impacto social.

El Gobierno de Ensenada reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad y sensibilidad ante casos como este, donde la congruencia y la ética son elementos indispensables para la permanencia de cualquier servidor público. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para seguir denunciando actos de violencia y cualquier conducta irregular por parte de funcionarios o dependencias, asegurando que todas las quejas serán atendidas de manera puntual por las instancias correspondientes.