Héctor Ramos García, presidente de la CMIC Ensenada, criticó la resolución judicial por no considerar la opinión de la comunidad ni la viabilidad técnica de la obra. “Nos parece preocupante que se tomen decisiones desde un escritorio, sin escuchar a quienes diariamente transitan y viven en la zona. Esta obra no cuenta con estudios que respalden su funcionalidad y mucho menos con la licencia de construcción requerida”, enfatizó.

La ciclovía fue implementada en febrero de 2024 durante la administración de Armando Ayala Robles, con una inversión superior a los 10 millones de pesos financiada por la empresa Energía Costa Azul (ECA). Desde su inauguración, generó inconformidad entre residentes y comerciantes, quienes señalaron que la reducción de carriles complicaba el tránsito vehicular y afectaba la actividad comercial de la zona. También se reportaron dificultades para personas mayores y con discapacidad para acceder a los establecimientos.

En respuesta a las quejas ciudadanas, la actual alcaldesa Claudia Agatón Muñiz anunció en enero de 2025 el retiro del tramo de la ciclovía en ese bulevar. Sin embargo, colectivos como “Ensenada Se Mueve” y “Pro Ciclo Va” interpusieron amparos en enero y febrero de 2025, respectivamente, obteniendo suspensiones provisionales y definitivas que impidieron la remoción de la infraestructura. Estas organizaciones argumentan que retirar la ciclovía vulnera el derecho a la movilidad segura y a un medio ambiente sano.

Ramos García recalcó que la CMIC no está en contra de las ciclovías, pero insistió en que deben construirse en lugares adecuados y con una planeación que priorice la seguridad de todos. “No estamos negados a la movilidad sustentable, pero se requiere que estas obras no pongan en riesgo ni a ciclistas ni a automovilistas. En este caso, la mala planeación está afectando más de lo que beneficia”, subrayó.

El conflicto escaló cuando, a inicios de febrero, un grupo de 280 residentes del fraccionamiento Bahía tomó la decisión de retirar por cuenta propia los delimitadores de la ciclovía, al considerar que afectaba su calidad de vida. La situación se agravó con reportes de enfrentamientos verbales entre ciclistas y comerciantes, aumentando la tensión en la zona.

Mientras tanto, la alcaldesa reiteró que su administración respetará los fallos judiciales, pero también explorará opciones para garantizar la movilidad y seguridad de todos los ciudadanos. «Entendemos la necesidad de infraestructura ciclista, pero no a costa de afectar la dinámica comercial y vehicular de la ciudad», dijo Agatón Muñiz en una reciente declaración.

Actualmente, la ciclovía permanece en un limbo legal, sin que se llegue a un consenso entre las partes involucradas. Organizaciones empresariales como la CMIC exigen que se revise a fondo la viabilidad del proyecto, mientras los colectivos ciclistas insisten en su permanencia como parte de la lucha por una movilidad más segura y sustentable. La ciudadanía, por su parte, espera que las autoridades encuentren una solución que no privilegie a unos y afecte a otros.