Ensenada, Baja California, 01 de diciembre del 2024-La violencia de género en Baja California ha alcanzado niveles alarmantes. Según datos recientes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), un impresionante 70.1% de las mujeres en el estado han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas. Esta estadística resalta la urgente necesidad de reformar los mecanismos de protección y justicia para las mujeres en Baja California, motivo por el cual la regidora Ana Daniela García Salgado presentó dos iniciativas clave ante el Congreso del Estado.
La primera propuesta, denominada Ley de Justicia Cívica para Baja California, tiene como principal objetivo abordar los crecientes conflictos vecinales que afectan a los ciudadanos. Datos del INEGI señalan que en el segundo trimestre de 2024, los conflictos vecinales aumentaron en un 75.7%. Disputas por ruido, problemas familiares y mal manejo del transporte público han generado tensiones significativas entre los habitantes, especialmente en las zonas urbanas. García Salgado destacó que la ley busca implementar soluciones rápidas y efectivas para resolver estos conflictos sin la necesidad de que escalen a situaciones más graves o de que los involucrados se vean forzados a acudir a los tribunales.
“La Ley de Justicia Cívica busca dar a los ciudadanos las herramientas necesarias para resolver disputas cotidianas de forma pacífica. Queremos reducir la carga judicial y permitir que los ciudadanos tengan una vía para resolver sus diferencias sin tener que recurrir a costosos y largos procesos judiciales”, indicó García Salgado.
En paralelo, la regidora presentó la segunda iniciativa, el Protocolo Estatal de Actuación para la Ejecución de Órdenes de Protección y Medidas Cautelares en Casos de Violencia Contra las Mujeres. Actualmente, solo algunas ciudades de Baja California, como Ensenada y Playas de Rosarito, cuentan con protocolos específicos para hacer cumplir las órdenes de protección. Sin embargo, muchos otros municipios carecen de estas normativas, lo que ha dejado a un gran número de mujeres vulnerables.
Este protocolo tiene como objetivo unificar y agilizar la ejecución de órdenes de protección en todo el estado. La regidora explicó que, si bien algunas mujeres obtienen medidas cautelares, la falta de una coordinación eficiente entre los municipios y las autoridades estatales ha provocado que muchas órdenes no se ejecuten a tiempo, lo que pone en grave peligro la vida de las víctimas.
“Es inadmisible que en pleno siglo XXI las mujeres sigan siendo víctimas de violencia debido a la falta de acciones concretas y coordinadas. Un protocolo estatal garantizaría que las autoridades actúen de manera oportuna y efectiva, evitando que más mujeres sufran daños irreparables”, señaló García Salgado.
En Baja California, las víctimas de violencia no solo enfrentan amenazas físicas, sino también una brecha en la respuesta institucional. A menudo, la burocracia y la falta de recursos retrasan la intervención de las autoridades, dejando a las mujeres atrapadas en ciclos de abuso. García Salgado resaltó que estas propuestas buscan terminar con esa lentitud y ofrecer soluciones rápidas que protejan a las víctimas sin que tengan que lidiar con procesos interminables.
Además, la propuesta de la Ley de Justicia Cívica también se extiende a la prevención de delitos en contextos más amplios, como el tráfico de drogas y la violencia en espacios públicos. De acuerdo con expertos, el fortalecimiento de estos mecanismos puede ser clave para reducir las tasas de criminalidad en el estado, además de promover una mayor convivencia armónica entre los habitantes.
García Salgado concluyó su intervención enfatizando la necesidad de una respuesta unificada y proactiva ante los desafíos que enfrenta Baja California en materia de seguridad y justicia social. “No se trata solo de aprobar leyes, se trata de cambiar la realidad de las mujeres y los ciudadanos del estado. Con estas iniciativas buscamos una justicia rápida, equitativa y, sobre todo, humana”, concluyó.
Ambas iniciativas, ahora en manos del Congreso del Estado, podrían ser un cambio significativo en la forma en que Baja California enfrenta la violencia y la resolución de conflictos. Sin embargo, se requiere un compromiso continuo de todas las partes involucradas para asegurar que estas propuestas no se queden en el papel y se implementen de manera efectiva, garantizando un entorno más seguro y justo para todos los ciudadanos.
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