Ensenada, B.C. – 9 de abril de 2024- Ensenada está experimentando una notable transformación lumínica con la instalación de más de 4300 luminarias en todo el municipio. Esta iniciativa, destinada a mejorar la calidad del alumbrado público y proporcionar una iluminación más eficiente y segura para los residentes, ha generado controversia debido a la millonaria concesión otorgada a la empresa Trafficlight de México, SA de CV para llevar a cabo el proyecto.

Preguntas clave surgen en medio de esta situación: ¿Por qué se optó por una concesión millonaria en lugar de explorar otras opciones de financiamiento? ¿Se realizaron evaluaciones exhaustivas de otras empresas antes de seleccionar a Trafficlight de México? ¿Cuáles son las garantías de que la empresa cumplirá con los términos del contrato? Estas interrogantes reflejan la preocupación de la comunidad respecto a la transparencia y la viabilidad financiera del proyecto.

La contratación de Trafficlight de México para encargarse del alumbrado público ha resultado en una deuda pública de mil 751 millones de pesos más intereses, con un costo aproximado de 76 mil pesos por equipo. Esta cifra ha levantado preocupaciones sobre la viabilidad financiera del contrato y la transparencia del proceso de contratación.

La empresa Trafficlight de México, con sede en Puebla y dirigida por las familias Ríos Martínez y Ríos Ruiz, ha sido objeto de escrutinio debido a su falta de antecedentes en el Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP. Esta falta de historial plantea dudas sobre la capacidad de la empresa para cumplir con el contrato en Ensenada.

Además, se ha revelado que el contrato con Trafficlight de México compromete el 20% de las participaciones municipales durante cinco administraciones municipales adicionales, lo que ha generado preocupaciones adicionales sobre la estabilidad financiera a largo plazo de Ensenada.

Los cuestionamientos sobre la idoneidad de la empresa contratada y la transparencia del proceso de concesión han llevado a la comunidad a demandar una investigación exhaustiva para garantizar que los intereses públicos estén protegidos y que se tomen medidas correctivas si es necesario.

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