Ensenada, Baja California, 20 de mayo de 2026.– Aunque Morena optó por cerrar filas y exonerar internamente a la senadora Julieta Ramírez por los señalamientos de promoción anticipada, el tema está lejos de terminar. El Partido Acción Nacional mantiene activas las denuncias ante la autoridad electoral, dejando claro que la última palabra no la tendrá un partido, sino las instituciones encargadas de vigilar la legalidad del proceso rumbo a 2027.

La dirigente estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, confirmó que fueron presentadas dos denuncias formales ante la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California, dirigidas tanto contra Julieta Ramírez como contra Armando Ayala. En ellas se plantean posibles violaciones a la normatividad electoral que van desde actos anticipados de campaña hasta promoción personalizada y el eventual uso indebido de recursos públicos, en un contexto donde cada movimiento político comienza a ser observado con mayor detalle.

En el caso de la senadora Julieta Ramírez, Acción Nacional sostiene que existe un patrón sostenido de posicionamiento político que rebasa los límites de un informe legislativo. Señalan que no se trata de hechos aislados, sino de una estrategia que incluyó jornadas de servicios, presencia constante en redes sociales, colocación de propaganda física como lonas y bardas, así como actividades de contacto directo con la ciudadanía mediante entrega de apoyos. Todo esto, argumentan, podría configurar una ventaja indebida al adelantar tiempos electorales.

Por otro lado, el señalamiento contra Armando Ayala se centra en la continuidad de actividades públicas con tintes de promoción política incluso después de los periodos permitidos para difundir informes legislativos. De acuerdo con el PAN, la realización de asambleas informativas, recorridos y difusión digital constante podría interpretarse como una forma de posicionamiento anticipado en una contienda que, aunque todavía no inicia formalmente, ya se juega en la percepción pública.

Este escenario toma mayor relevancia al considerar que Morena, a través de su Consejo Estatal, decidió retirar los señalamientos internos contra Julieta Ramírez al argumentar falta de pruebas, pese a que semanas antes había solicitado el retiro de propaganda como medida cautelar. Esa decisión, lejos de cerrar el caso, abrió un contraste claro entre la resolución partidista y el curso legal que ahora seguirá en manos de la autoridad electoral.

El trasfondo de estas denuncias no ocurre en un vacío. En Ensenada y en Baja California, la sucesión política ya comenzó a tomar forma, incluso con más de un año de anticipación. Los nombres circulan, las estructuras se mueven y los posicionamientos se construyen en medio de un ambiente marcado por el desgaste institucional y una ciudadanía cada vez más crítica, que observa con reserva cualquier intento de adelantarse a los tiempos oficiales.

En ese contexto, Morena mantiene una base electoral importante, pero también enfrenta cuestionamientos sobre sus perfiles y sus formas de hacer política, mientras que la oposición intenta capitalizar el descontento y colocarse como una alternativa viable. Sin embargo, el reto no es menor: el electorado no solo está más informado, sino también más exigente, lo que obliga a todos los actores a cuidar cada paso.

Así, lo que hoy parece una disputa legal entre partidos también es una señal de lo que viene: una contienda donde la narrativa, la legalidad y la percepción pública jugarán un papel determinante. Más que una simple diferencia política, el caso de Julieta Ramírez y Armando Ayala podría convertirse en uno de los primeros filtros reales rumbo al proceso electoral de 2027.

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