Piden juicio político por no pagar al Issstecali… Pero sí descontaban puntualmente a los trabajadores

Mexicali, Baja California.- Lo que por años fue un secreto a voces en los pasillos municipales, finalmente llegó al Congreso del Estado: este jueves, la dirigencia estatal del PAN, encabezada por Lizbeth Mata Lozano, y los diputados María Yolanda Gaona, Alejandrina Corral y Diego Echevarría, presentaron formalmente una solicitud de juicio político contra dos exalcaldes acusados de omitir el pago de cuotas al Issstecali.

Los señalados son Armando Ayala Robles, exalcalde de Ensenada y hoy senador de la República, y Edgar Darío Benítez Ruiz, actual presidente municipal con licencia de Tecate. A ambos se les acusa de no haber enterado al Issstecali las cuotas y aportaciones patronales durante prácticamente todo su mandato. Y lo más grave: el dinero sí fue descontado de los sueldos de los trabajadores.

¿Dónde quedó ese dinero?
Según el documento presentado, Ayala Robles incurrió en omisiones desde octubre de 2019 hasta agosto de 2024. Durante esos años, el gobierno municipal retuvo puntualmente las cuotas a sus trabajadores… pero nunca las entregó al instituto. En paralelo, tampoco aportó la parte patronal que marca la ley. En el caso de Darío Benítez, el patrón fue idéntico: los descuentos comenzaron desde octubre de 2021 y se prolongaron hasta septiembre de 2024.

La deuda es escandalosa. Ensenada debe al Issstecali más de 3 mil 823 millones de pesos, entre cuotas retenidas ($568 millones), aportaciones patronales ($925 millones) y recargos por omisiones ($2,189 millones). Tecate, por su parte, acumula un adeudo de mil 440 millones de pesos, también divididos en cuotas, aportaciones y recargos.

¿Cómo es que nadie lo detuvo? ¿Quién se benefició de ese dinero que jamás fue entregado?
Desde hace años, los trabajadores municipales se quejan por la falta de medicamentos, retrasos en sus pensiones y la atención deficiente del sistema de salud estatal. La retención ilegal de sus aportaciones no solo agravó esa crisis, sino que también representa —en palabras del PAN— un desfalco patrimonial al Issstecali y a los propios ayuntamientos.

Lizbeth Mata fue clara: “Tenemos la responsabilidad como partido y como diputados de generar acciones contra el robo a todos los bajacalifornianos”. También pidió a las demás fuerzas políticas del Congreso ser “valientes, responsables y congruentes” para permitir que se abra el proceso.

¿Alguien irá a la cárcel? ¿Se castigará este abuso o quedará, como otros, en el archivo muerto de la justicia política?
El coordinador de los diputados panistas, Diego Echevarría, precisó que el juicio político busca que los acusados sean inhabilitados para ocupar cargos públicos hasta por veinte años. Además, recordó que ya hay una denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General del Estado por abuso de funciones y abuso de autoridad.

El expediente ahora está en manos de la Comisión de Reforma del Estado y Jurisdiccional, que deberá analizar si hay méritos suficientes para abrir el proceso. Mientras tanto, ni Ayala ni Benítez han ofrecido una respuesta pública.

Y mientras tanto, ¿quién responde por los derechos violentados de los trabajadores? ¿Quién les repara el daño?