Ensenada, B.C.- Lunes 8 de diciembre de 2025.– La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California (STPS) anunció que asumirá por completo la representación legal de los trabajadores afectados por el cierre federal de los casinos Skampa —ubicado en Ensenada— y Midas —ubicado en Rosarito— luego de la suspensión aplicada por la Secretaría de Gobernación (Segob) el pasado 12 de noviembre como parte de investigaciones federales aún en curso.
El titular de la STPS, Alejandro Arregui Ibarra, informó que los 192 trabajadores quedaron sin salario y sin prestaciones desde el cierre, situación que detonó múltiples denuncias laborales por incumplimiento patronal. Ante ello, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo activó un acompañamiento integral que incluye asesoría, preparación de expedientes, representación jurídica y enlace directo con el Centro de Conciliación Laboral.
Durante la audiencia conciliatoria realizada este 8 de diciembre, trabajadores y representantes de la empresa estuvieron presentes; sin embargo, al no presentar el corporativo ninguna propuesta ni intención de reparación inmediata, la fase conciliatoria quedó agotada. Esto permitió que la Procuraduría asumiera la representación legal formal de 190 empleados, quienes avanzan ahora hacia una demanda colectiva que exigirá salarios devengados, pago de prestaciones omitidas y las garantías que establece la legislación laboral.
En el caso de Ensenada, el cierre del casino Skampa dejó sin ingresos a decenas de familias que dependían directamente de esta fuente de trabajo. De acuerdo con la STPS, la falta de respuesta de los propietarios ha incrementado la preocupación de los trabajadores, quienes además han manifestado que no han recibido comunicación clara sobre el futuro de la empresa ni sobre liquidaciones, finiquitos u otros derechos laborales pendientes. Muchos de ellos, con más de cinco, diez e incluso quince años de servicio, quedaron de un día para otro sin seguridad económica.
Arregui Ibarra destacó que el gobierno estatal no permitirá que ninguna empresa evada sus obligaciones laborales, especialmente cuando deja en vulnerabilidad a quienes sostienen su operación. Subrayó que la actuación de la STPS será firme, progresiva y transparente, garantizando que los trabajadores no enfrenten solos los procesos legales que se desprendan de este caso.
Además, la dependencia indicó que el acompañamiento será permanente, desde la integración de pruebas hasta el seguimiento del proceso judicial y eventual cumplimiento de resoluciones. El objetivo es asegurar que cada trabajador reciba lo que le corresponde por derecho, así como sentar un precedente para evitar que situaciones similares se repitan en Baja California.
El secretario reiteró que la protección de los derechos laborales es una prioridad del Gobierno del Estado y reafirmó el llamado a las empresas para actuar con responsabilidad, ya que la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones impacta directamente en la economía de cientos de familias y en la confianza del sector laboral.





