Ensenada, B.C., martes 15 de abril de 2025. – En un acto de reestructuración interna, la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz inició lo que se espera sea una serie de ajustes en la administración municipal, con la decisión de dar por concluidas las relaciones laborales con 177 personas contratadas por honorarios. Este primer paso en un proceso más amplio busca alcanzar un ahorro estimado de 2.4 millones de pesos por mes, que la alcaldesa señaló como un recurso vital para mejorar los servicios públicos.

¿Quiénes siguen?

«Las auditorías internas y el análisis de la estructura operativa del gobierno municipal nos llevaron a la conclusión de que muchas funciones realizadas por personal de honorarios pueden ser desempeñadas por empleados de base y confianza sin afectar la eficiencia de los servicios que ofrecemos»,

Explicó Agatón a través de un boletín de prensa. Según los datos proporcionados por la administración, el recorte representa un porcentaje importante del presupuesto destinado al personal de honorarios, cuyo costo se calcula en más de 28.8 millones de pesos al año.

Aunque el recorte en sí no fue sorpresivo, ya que la alcaldesa había anticipado un plan de austeridad, la magnitud del ajuste pone sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿realmente estos 177 despidos corresponden a personas que solo figuraban como empleados, o ¿había aviadores entre ellos? Agatón no entró en detalles sobre la procedencia de estos trabajadores, pero la especulación no tardó en crecer.

De acuerdo con fuentes cercanas a la administración, la revisión del personal contratado por honorarios mostró que varios de ellos tenían roles que bien podían ser cubiertos por personal de base, lo que levantó la preocupación sobre la posible existencia de «aviadores». Sin embargo, no se dieron más detalles sobre si estos empleados habían sido asignados con el conocimiento de funcionarios de primer nivel.

El recorte de 177 personas no es el único tema que ha generado controversia. Recientemente, Lic. Juan Isaías Bertín Sandoval, regidor del XXV Ayuntamiento de Ensenada, solicitó a la alcaldesa que revisara el gasto asignado a los escoltas del senador Armando Ayala Robles. Según Bertín, cada uno de los cuatro elementos asignados al senador tiene un costo mensual de 25,000 pesos, lo que se traduce en más de 1 millón 200 mil pesos al año. Este gasto, argumentó, podría redirigirse para atender necesidades urgentes en el municipio, especialmente cuando se habla de la falta de recursos para áreas prioritarias como seguridad y salud pública.

Bertín subrayó.

Bertín subrayó que la seguridad de un legislador federal no debe ser una carga para el municipio, dado que las autoridades federales son las responsables de proporcionar esa protección. A su juicio, el dinero que se destina a la protección del senador podría ser mejor utilizado para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Ensenada, cuyas necesidades son cada vez más urgentes.

Bertín subrayó que la seguridad de un legislador federal no debe ser una carga para el municipio, dado que las autoridades federales son las responsables de proporcionar esa protección. A su juicio, el dinero que se destina a la protección del senador podría ser mejor utilizado para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Ensenada, cuyas necesidades son cada vez más urgentes.

«La alcaldesa ha dado una muestra clara de su liderazgo al aplicar estos recortes, pero la pregunta es: ¿hasta dónde llegará esta mano dura? ¿Aplicará el mismo criterio de austeridad para el gasto en privilegios, como la asignación de escoltas a funcionarios federales, o solo se reducirá el personal que no tiene influencia política?», cuestionó Bertín.

En este contexto, la comunidad de Ensenada se encuentra dividida. Algunos ven con buenos ojos los recortes, ya que consideran que los recursos públicos deben ser manejados con responsabilidad y que no debe haber espacio para el despilfarro. Otros, sin embargo, cuestionan la transparencia de la medida, ya que no se ha aclarado si los despidos corresponden a cargos realmente innecesarios o si, por el contrario, podrían haber sido evitados con una reestructuración más profunda y bien pensada.

Lo cierto es que la alcaldesa Agatón ha mostrado una firme voluntad de cambiar el rumbo de la administración municipal, enfocándose en reducir los gastos superfluos y aumentar la eficiencia operativa, algo que podría tener efectos tanto positivos como negativos en el corto y largo plazo. La pregunta que queda en el aire es: ¿quiénes seguirán en la lista de despidos?

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