Ensenada, Baja California, 28 de enero de 2025.
La negativa del Juez Octavo de Distrito para otorgar la suspensión provisional del amparo interpuesto contra el aumento en las tarifas del transporte público en Ensenada ha causado polémica entre los promoventes, quienes señalan que la resolución judicial se basa en una interpretación errónea de los derechos ciudadanos y en argumentos sustentados en hechos futuros e inciertos.

La resolución del juez: justificación bajo debate
El juez argumentó que detener el cobro de las nuevas tarifas, que pasaron de 13 a 15.50 pesos en pagos electrónicos y hasta 20 pesos en efectivo, afectaría el interés social y el orden público. Según su fallo, el incremento tarifario tiene como propósito garantizar la modernización del sistema de transporte público, mediante la implementación de tecnologías digitales para el pago electrónico.
El estudio técnico presentado en el programa estatal avala la adopción de sistemas de pago como tarjetas sin contacto, boletos físicos y dispositivos móviles, bajo la promesa de un servicio más eficiente y ágil. Sin embargo, los promoventes sostienen que este documento no respalda el alza tarifaria, sino únicamente la transición hacia los nuevos métodos de pago.
Principales cuestionamientos del amparo
Los ciudadanos inconformes recalcan que no se les consultó en la elaboración del estudio técnico que justificó el incremento, lo que vulnera sus derechos de participación. Además, critican que el ajuste en las tarifas no se ha reflejado en mejoras visibles en las unidades de transporte, las cuales continúan operando con deficiencias significativas.
Los quejosos argumentan que la resolución judicial está basada en suposiciones, como la expectativa de un transporte más moderno y seguro, sin que existan evidencias claras de que las promesas se materialicen. Aseguran que la negativa a la suspensión provisional favorece a los concesionarios y deja a los usuarios en una posición de vulnerabilidad económica.
Recurso de queja ante el Tribunal Colegiado
En respuesta, los promoventes han anunciado que interpondrán un recurso de queja, el cual será revisado por el Tribunal Colegiado. Este tendrá un plazo de 48 horas para determinar si revoca la resolución del Juez Octavo de Distrito y otorga la suspensión provisional, o si confirma la negativa.
La decisión del tribunal podría marcar un precedente importante para el transporte público en Ensenada, tanto en materia de transparencia y participación ciudadana, como en la evaluación de las tarifas impuestas. Por ahora, los usuarios continúan pagando las nuevas tarifas mientras exigen que se tomen en cuenta sus derechos y necesidades.





