Ensenada, B.C., sábado 25 de octubre de 2025.– La tragedia ocurrida este jueves 24 de octubre en la colonia Moderna Este, donde un trabajador perdió la vida y dos más resultaron lesionados tras el colapso de un pozo de seis metros de profundidad, ha puesto en evidencia graves omisiones y posibles irregularidades en la licencia de obra correspondiente, emitida durante la administración del exalcalde y hoy senador Armando Ayala Robles.

De acuerdo con la Licencia de Obra No. 15970, expedida el 27 de agosto de 2024 a nombre de María Magdalena García Ibargüen, el permiso fue firmado por Óscar Eduardo Quiñones Uribe, quien actuaba “como encargado de despacho” de la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, a pesar de no contar con registro profesional ante la SEP. Además, el director de la dependencia de ese entonces, Baltazar Alejandro Palacios Pazos, firmaba documentos como “ingeniero” sin contar con cédula profesional, lo que cuestiona la validez de las autorizaciones emitidas.

La arquitecta Paola Avelar Espinoza, actual directora de Infraestructura del Gobierno de Ensenada, aclaró que su firma corresponde únicamente a la vivienda proyectada en septiembre de 2024 y no a los trabajos que causaron el accidente. “La licencia se refiere exclusivamente a la casa habitación y no a la obra donde ocurrió el desplome. Esa licencia expiró a los 180 días y no tiene relación con la excavación que ocasionó el percance. Hasta donde sé, esos trabajos se realizaban sin permiso”, afirmó.

Pese a esta aclaración, la situación genera cuestionamientos sobre la supervisión de la obra y la decisión de Avelar de no renovar la licencia ni registrar la baja formal del proyecto, lo que la mantenía oficialmente como responsable de la obra al momento del accidente. Asimismo, se cuestiona cómo un psicólogo, Óscar Eduardo Quiñones Uribe, firmó permisos de obra sin la acreditación técnica requerida.

Especialistas coinciden en que la falta de un estudio de mecánica de suelos y de bitácoras de supervisión obligatorias derivaron en el colapso. El artículo 317 de la Ley de Edificaciones de Baja California establece que el responsable de obra debe notificar su retiro y que la autoridad debe suspender los trabajos hasta designar a un nuevo responsable; esto no se cumplió, generando riesgos graves para los trabajadores.

El Gobierno de Ensenada, a través de la Dirección de Administración Urbana y la Coordinación de Protección Civil, levantó actas y clausuró temporalmente 10 viviendas en la zona afectada. Además, se coordina con los responsables de la construcción para reparar el daño con las familias de los trabajadores afectados.

Mientras tanto, la arquitecta Avelar permanece al frente de la Dirección de Infraestructura Municipal, dependencia responsable de supervisar obras públicas, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre su idoneidad para el cargo y la falta de control institucional en obras privadas. Las investigaciones continúan y se espera que la Sindicatura Municipal y otras instancias determinen responsabilidades y posibles sanciones.

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