Ensenada, B.C., jueves 22. – ¿Puede renunciar la alcaldesa de San Quintín?. La pregunta no solo es válida, es inevitable. Miriam Cano Núñez ocupa un cargo de elección popular y, aunque desde el discurso oficial se insiste en que dejar el puesto es prácticamente inviable, la realidad jurídica contradice esa narrativa: sí puede renunciar. No es un trámite inmediato ni cómodo; implica procedimientos formales ante el Instituto Estatal Electoral, el Congreso del Estado y una ruta administrativa claramente definida. No es sencillo, pero cuando existe voluntad política, el marco legal lo permite.
El debate, sin embargo, no está en la ley, sino en la actitud. San Quintín atraviesa una crisis social y política que se ha ido acumulando sin contención efectiva. El bloqueo en la carretera Transpeninsular inició el lunes y este jueves cumple ya cuatro días activo, con afectaciones directas a la movilidad, la economía regional y la vida cotidiana de miles de personas. Aun así, la administración municipal ha respondido más con rigidez que con soluciones.
En lugar de desactivar el conflicto, la postura institucional ha sido la confrontación. Se privilegia el discurso de resistencia, la negación sistemática y una defensa cerrada del cargo que para muchos ciudadanos se percibe como arrogancia política. Gobernar desde el orgullo rara vez resuelve crisis; por el contrario, suele profundizarlas.
La propia alcaldesa, Miriam Cano, ha descartado cualquier concesión y ha exigido que los señalamientos en su contra se sometan exclusivamente a procesos legales formales. Durante una reunión con manifestantes que mantienen bloqueada la Transpeninsular, reiteró que no se puede emitir ningún veredicto sin investigaciones ni procedimientos jurídicos adecuados, y que su gobierno actuará conforme a la legalidad. El argumento es válido en el plano jurídico, pero insuficiente en el plano político y social.
Porque una cosa es la presunción de inocencia y otra muy distinta es la responsabilidad de conducción política. Los conflictos sociales no se resuelven solo en expedientes; se atienden con diálogo efectivo, autocrítica y decisiones que reduzcan la tensión. Hoy, San Quintín sigue detenido, literal y simbólicamente.
Este escenario resulta todavía más delicado si se considera que se trata del primer gobierno municipal electo en la historia de San Quintín. El nacimiento del municipio representaba una oportunidad histórica para sentar bases sólidas de gobernabilidad, cercanía ciudadana y madurez política. En cambio, el arranque ha estado marcado por señalamientos constantes, bloqueos, inconformidad social y una administración que parece más preocupada por no ceder que por recomponer el tejido social.
La renuncia, aunque políticamente costosa, es una figura contemplada en la ley para escenarios excepcionales. No implica culpabilidad automática ni derrota moral; implica reconocer que el conflicto ha rebasado a la figura en turno. Aferrarse al cargo, en cambio, cuando el municipio permanece paralizado, envía un mensaje de cerrazón y desgaste institucional.
Si tanto amor se dice tener por San Quintín, la pregunta no debería ser si la ley lo permite, sino si es lo mejor para el municipio. Gobernar también es saber hacerse a un lado cuando la permanencia se convierte en obstáculo.
La crisis sigue abierta, el bloqueo continúa y la tensión social no disminuye. El tiempo corre y cada día sin solución profundiza el desgaste del primer gobierno municipal de San Quintín. La historia no suele ser benévola con quienes confundieron firmeza con soberbia y liderazgo con berrinche político.





