Ensenada, Baja California, 27 de mayo de 2025-El ambiente laboral en Ensenada está más tenso que nunca. Miles de trabajadores de maquiladoras, fábricas y otras empresas han levantado la voz ante lo que consideran una burla disfrazada de legalidad: el reparto de utilidades de este año ha sido, en palabras de muchos, “el peor en años”. La inconformidad no se ha limitado a comentarios aislados; en varios centros de trabajo ya se han registrado protestas, y pronunciamientos públicos para exigir transparencia en los estados financieros.

La trampa legal de las utilidades mínimas
La ley mexicana establece que los patrones deben repartir el 10% de sus utilidades netas entre los trabajadores. El problema es que ese “10%” se calcula a partir de lo que la empresa declara ante el SAT como ganancia, no sobre lo que en realidad produce o factura. Así, empresas que claramente han tenido un buen año, que han crecido, exportado más productos, invertido en nuevas líneas y recibido subsidios gubernamentales, hoy reportan “pérdidas” o márgenes tan bajos que los cheques entregados a los trabajadores son casi simbólicos.
Los obreros, quienes trabajan jornadas extensas en condiciones muchas veces precarias, cuestionan cómo es posible que una empresa que opera sin parar y que incluso ha contratado nuevo personal pueda declarar que no hubo ganancias. Para muchos, esto es una maniobra contable que raya en lo inmoral, aunque esté cubierta por la ley.
“Legal” no significa “justo”
Algunos empresarios han respondido diciendo que “están cumpliendo con lo que marca la ley”, pero la pregunta que hacen los trabajadores es directa: ¿la declaración fiscal refleja la realidad o es solo una estrategia para evitar repartir lo que les corresponde a quienes generan la riqueza?
Organizaciones laborales, activistas y líderes sindicales coinciden en que este fenómeno se ha vuelto sistemático. Empresas enteras optimizan sus declaraciones, contratan despachos fiscales que les permiten reportar menos, y con ello reparten migajas. En Ensenada, la mayoría de los empleados de la industria manufacturera recibe su único bono anual en forma de utilidades; si este bono desaparece o se reduce drásticamente, se afecta el ingreso total de las familias, muchas de las cuales apenas sobreviven semana a semana.

Lo que pueden hacer los trabajadores
Expertos en derecho laboral recomiendan que los trabajadores se organicen, soliciten acceso al dictamen fiscal si la empresa está obligada a presentarlo, y acudan a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para orientación. Aunque los caminos legales suelen ser largos y complejos, la presión colectiva ha demostrado ser efectiva en algunos casos. También es clave documentar los casos, buscar alianzas con medios y organizaciones civiles, y no permitir que la inconformidad quede en el silencio.
En Ensenada, el enojo crece
Las protestas de los últimos días no son menores. Desde la zona industrial de El Sauzal hasta el sur de la ciudad, han circulado videos, fotografías y testimonios de trabajadores que muestran su decepción y frustración. Aunque algunos temen represalias, otros ya no están dispuestos a callar. “Nos ven la cara cada año. Ya basta. Esto no es un favor, es nuestro derecho”, dijo un empleado de una maquiladora electrónica que pidió permanecer en el anonimato por miedo a perder su empleo.
En una ciudad donde miles dependen del trabajo industrial, el reparto de utilidades se ha convertido en un tema central de justicia social. No se trata de dádivas, sino de lo que por ley y por lógica económica corresponde a quienes realmente hacen funcionar a las empresas.





