La gobernadora Marina Del Pilar mediante sus redes sociales comunico sobre el tema de la plata fotovoltaica, donde expresaba el cuidado de los recursos de Baja California, así mismo manifestó trabajar sobre los principios de la cuarta transformación, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. «Como ustedes saben en la pasada administración pasada se firmó un contrato para desarrollar una planta fotovoltaica, no se a construido ni se va a construir, porque no cuenta con los permisos necesarios ‘Comento Marina Del Pilar.
Se a ordenado al banco AFIRME que regrese 123 MDP de Baja California, obteniendo una negativa para regresar el dinero, la gobernadora hizo un llamado al banco enérgico, para que regrese el recurso del estado
Según el funcionario de la administración de la gobernadora Marina del Pilar, el documento está mal planteado desde la perspectiva jurídica, administrativa y es inviable dadas las condiciones financieras que imperan en la entidad.
El contrato hecho por el gobierno de Jaime Bonilla arriesga el 19.5% o de las participaciones federales del estado para un fideicomiso destinado a garantizar el pago del Gobierno de Baja California, y puso como ejemplo lo sucedido en febrero pasado, cuando el Fideicomiso Afirme retuvo más de 123 millones de pesos por este acuerdo establecido desde hace un par de años, precisó el secretario de Hacienda.
El 9 de octubre de 2020, el Comité Interinstitucional de Energía del Gobierno del Estado de Baja California (CIE) determinó que Next Energy de México sería la empresa encargada de construir la planta fotovoltaica, con el objetivo de dar servicio eléctrico al estado.-
El consejero jurídico estatal, Juan José Pon agregó que se presentó una demanda de lesividad con el enfoque de cancelar las entregas al fideicomiso, consiguiendo ya una suspensión de dicha obligación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se trata, dijeron ambos funcionarios, de una serie de acciones legales para contener el efecto del contrato de manera definitiva.
El secretario y el consejero coincidieron en que no se trata de cancelar una inversión afectando a la sociedad, sino más bien de proteger las finanzas públicas para destinar los recursos a acciones sustantivas que son prioridad para el gobierno que encabeza María del Pilar Ávila Olmeda, además subrayaron que no se dará espacio a ningún acto de corrupción.
