Ensenada, B. C.- Martes 30 de septiembre de 2025.- Por instrucciones de la Fiscal General del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, la Unidad de Tramitación Masiva de Causas obtuvo la vinculación a proceso de Keila “N” por el delito de maltrato y crueldad animal, derivado de un caso que generó fuerte impacto social y puso en el centro de la discusión la protección animal en la región.


El caso se remonta al 6 de julio de 2025, cuando personal de la Fiscalía General del Estado realizó un cateo en el albergue “Ellos Son la Razón” A.C., ubicado en Ensenada, luego de recibir múltiples denuncias ciudadanas por maltrato y abandono animal. Durante el operativo se encontraron 265 animales —la mayoría perros y algunos felinos— en condiciones de extrema insalubridad, desnutrición severa, infestación de garrapatas, casos graves de moquillo, cáncer y varias muertes recientes.

La Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Maltrato Animal, encabezada por la Lic. Ilse Carolina Vázquez Maldonado, detalló que entre mayo de 2024 y julio de 2025, la imputada mantuvo de forma intencional a los animales en condiciones deplorables dentro de un domicilio destinado como albergue, sin contar con alimentación, atención veterinaria adecuada o condiciones sanitarias mínimas para su cuidado. Este acto fue calificado como un grave incumplimiento de la ley y una violación a los derechos de los animales.
Durante la audiencia celebrada el 29 de septiembre de 2025, el juez determinó la vinculación a proceso de Keila “N”, así como su inhabilitación para continuar al frente de la asociación civil. Además, otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el cual la Fiscalía continuará recabando pruebas y testimonios que fortalezcan el caso.
Este hecho ha puesto en relieve la importancia de reforzar la vigilancia y el cumplimiento de las leyes de protección animal, así como de fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana. La Fiscalía General del Estado hizo un llamado a la población a reportar cualquier acto de maltrato para garantizar una sociedad más justa y responsable.
La resolución judicial y las acciones emprendidas por la FGE buscan enviar un mensaje claro: la crueldad animal no será tolerada y la ley se aplicará de manera estricta para proteger a las especies más vulnerables.





