Ensenada, B.C. a 20 de abril de 2025. – La presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Ensenada, Carmen Iñiguez Casanova, exigió a la Sindicatura Municipal investigar la posible comisión de delitos relacionados con la contratación de aviadores en la nómina del Ayuntamiento, durante la pasada administración y parte de la actual.

La dirigente blanquiazul reaccionó así al anuncio de la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz, quien recientemente despidió a 177 personas que cobraban como empleados municipales sin presentarse a laborar en ninguna dependencia, lo que representaba un gasto al erario cercano a 29 millones de pesos anuales.
Iñiguez Casanova consideró que estos hechos podrían constituir delitos graves como fraude, colusión de funcionarios, desvío de recursos públicos y encubrimiento, por lo que pidió que se investigue no solo a quienes cobraban sin trabajar, sino también a los funcionarios que lo permitieron.
“Reconocemos la valentía de la alcaldesa por haber tomado esa decisión, pero también exigimos que se llegue hasta las últimas consecuencias. No basta con cortar ramas secas, hay que arrancar de raíz la corrupción en el gobierno municipal”, expresó la presidenta del PAN local.
También hizo un llamado directo para que se investigue al exalcalde Armando Ayala Robles, actual senador, a quien responsabilizó por haber dejado crecer esta estructura inflada de personal por contrato. Además, pidió que se abra una carpeta de investigación contra el exoficial mayor —que fue ratificado en la actual administración hasta hace apenas unos días—, funcionarios de finanzas y la exsíndica procuradora, por su omisión ante esta situación.
“Esto no se trata solo de despedir a unos cuantos, sino de desmantelar toda una red de simulación laboral y castigar a los responsables. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta durante años?”, cuestionó.
Iñiguez Casanova también urgió a que el Ayuntamiento informe con transparencia a la ciudadanía sobre el destino de los recursos recuperados, que al momento ascienden a 2 millones 400 mil pesos mensuales, y que podrían invertirse en servicios básicos, seguridad o infraestructura.
“La ciudadanía tiene derecho a saber quién trabaja en el Ayuntamiento, cuánto gana y si realmente cumple con su función. Hay que transparentar toda la plantilla laboral, no puede seguir siendo una caja negra”, afirmó.
Finalmente, subrayó que el problema de los aviadores no es exclusivo de esta administración, sino que ha sido una práctica recurrente en varios trienios, por lo que su partido mantendrá la exigencia constante de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.





