Ensenada, B.C-.7 de mayo de 2025 |Han pasado más de tres meses desde el día en que la vida de Marlén Gómez cambió para siempre. La joven atleta de 15 años, orgullo de Ensenada y reconocida por su desempeño en salto de longitud y velocidad, fue atropellada el pasado 20 de enero por un microbús de transporte público de la línea Transfuturo, con número 252. El conductor, al girar sin precaución, embistió a la menor que se dirigía a un entrenamiento. Desde entonces, la familia ha enfrentado un calvario médico, legal y económico sin que la empresa ni la aseguradora responsable respondan por el accidente.

Las lesiones fueron graves: fractura de fémur con desplazamiento, múltiples contusiones, daño en órganos internos y una recuperación que, a pesar de su juventud y fortaleza física, avanza con lentitud. La operación inicial fue apenas el inicio de una larga cadena de estudios, tratamientos, rehabilitación y gastos que, según los médicos, podrían superar los 883 mil pesos. Hasta ahora, la familia ha cubierto más de 300 mil pesos con ahorros, rifas y préstamos, sin que Transfuturo ni la aseguradora Quálitas hayan aportado un solo peso.

Aislada y desplazada

Marlén no puede caminar sin asistencia. Ya no vive en su casa en la colonia Hidalgo porque no es accesible para una persona en silla de ruedas. Hoy permanece con familiares en El Sauzal, lejos de su escuela, su equipo, sus amigas, y su rutina como atleta. La situación ha afectado no solo su físico, sino también su estado emocional. “Ella es muy fuerte, siempre lo ha sido. Pero está decepcionada, siente que su esfuerzo como atleta no ha valido nada para su ciudad”, relata su padre, Abel Gómez.

Silencio institucional

En lugar de apoyo, lo que han recibido es silencio. Ni el Ayuntamiento de Ensenada, ni Inmudere, ni Sindicatura, ni la Dirección de Transporte se han acercado a ofrecer ayuda o un plan de atención. Mucho menos la empresa concesionaria del transporte. “Estamos hablando de una menor, deportista, estudiante, atropellada a plena luz del día. Y ni siquiera se han dignado a preguntar cómo está. No hay empatía, no hay justicia”, denunció Abel con voz entrecortada. La fiscalía, por su parte, aún no concluye la integración de la carpeta de investigación, y ha sido la familia quien ha tenido que empujar todo el proceso legal, entregar oficios y solicitar avances en los peritajes.

¿Una ayuda condicionada?

En días recientes, la alcaldesa Claudia Agatón intentó suavizar el tema asegurando que la empresa y la aseguradora ya ofrecieron atención médica. Pero la familia rechaza esa versión. Explican que se les ofreció un “pase médico” que implicaba desistirse de la acción penal y que, además, llegó demasiado tarde. “Nos ofrecieron un pase médico que en automático extingue la acción penal. No lo aceptamos. Eso no es justicia ni es apoyo, es estrategia legal para evadir consecuencias. Ese pase lo necesitábamos en enero, no ahora, cuatro meses después”, explicó el padre.

Además, el hospital al que los canalizaban no tenía capacidad ni personal quirúrgico para realizar los procedimientos necesarios. Fue una oferta “para la foto”, dicen.

Una exigencia clara

Lo que la familia pide es claro: que la empresa Transfuturo, como concesionaria de un servicio público, asuma su responsabilidad; que Quálitas, como aseguradora, cumpla con su obligación contractual y moral; y que las autoridades municipales y estatales intervengan para garantizar justicia.Marlén ha estado batallando en la escuela y no puede vivir en su casa debido a que tienen escaleras, por lo que actualmente está viviendo en El Sauzal, alejada de sus padres, sentencia Abel Gómez.

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